Consejos de Política Fiscal, pero que sean independientes

El Consejo Europeo del verano pasado, en el marco del procedimiento para déficit excesivo, solicitaba de España “el establecimiento de una institución fiscal independiente con la misión de efectuar análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal”. Y al cabo de un año justo, el Gobierno ha lanzado, efectivamente, su proyecto de ley para la creación de dicha institución, la cual se denominará, si nadie lo enmienda, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. El matiz de “responsabilidad” parecería querer fijarle un cometido centrado menos en los análisis y asesoramientos que en “el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. En cuanto a lo de “independiente”, no basta con ponerlo en el membrete para que nos lo creamos. De momento, sabemos que el nombramiento del presidente de este organismo será competencia del Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Hacienda, por supuesto, “entre personas de reconocido prestigio y experiencia”, etc, etc. Como también sabemos que sus informes no serán vinculantes.

Un informe del FMI, también de este mismo verano, nos ha servido oportunamente para repasar el estado de la cuestión en torno a estos Consejos Independientes, y en especial para aclarar estos tres puntos: a) Principales características de estos organismos a nivel comparado; b) Mecanismos que contribuyen a mejorar su eficacia y c) Elementos básicos de su estructura. Las conclusiones del informe apuntan a la eficacia de estos organismos en la mejora de la disciplina fiscal, eso sí, siempre que estén correctamente diseñados, respetando una serie de puntos clave, siendo el primero e innegociable una estricta independencia de la política, al estilo de los bancos centrales, a cuya imagen se han creado. Su independencia es el prerrequisito para la credibilidad y aceptación de sus informes por parte de una mayoría.

Además, estos Consejos han de emitir informes públicos de la actividad presupuestaria de los gobiernos, realizando sus propias previsiones macroeconómicas, las cuales deberían ser asumidas por el Ejecutivo. Es una manera de evitar tentaciones de manipular la contabilidad nacional para adaptarla a los intereses del grupo político que detente el poder.

Para poder cumplir eficazmente con lo anterior, han de disfrutar de una poderosa presencia en el debate público (vamos, justo lo contrario de un Tribunal de Cuentas, Comisión de la Competencia, Senado, etc.). Por último, han de contar con un papel explícito en el control de las normas de política fiscal.

En suma, estas instituciones han de fundarse en un estricto no partidismo, para lo cual han de contar con salvaguardas contra la inferencia política, lo cual es especialmente válido durante los primeros años de funcionamiento. Esto es así en la medida en que los organismos de nueva creación carecen del beneficio de una reputación consolidada o de apoyo público en caso de que llegase a plantearse un conflicto con algún gobierno. La independencia es lo que permite reclamar relevancia para unas opiniones que van a recaer sobre materias muy sensibles, como son las que afectan a gastos e ingresos públicos.

Entre las medidas esperables para dar independencia a estos organismos estarían, por ejemplo, la prohibición por parte de las autoridades públicas de dictar su funcionamiento; el nombramiento de su jefe por parte del legislativo o ejecutivo, pero con la menor discreción posible, o bien, el disponer de su propia política de personal, así como tener garantizado por ley el acceso a toda la información relevante para su funcionamiento.