De sorpresa en sorpresa

Vivir en España se ha convertido en un ejercicio de alto riesgo para las personas de buena fe y cierto grado de sentido común. El penúltimo episodio de quiebra dolosa de una gran empresa ha vuelto a poner de manifiesto que queda mucho camino por recorrer hasta que logremos construir un país realmente normal y civilizado.

Pescanova es una de esas marcas que, gracias a la publicidad, forma parte de la vida de millones de familias españolas. Casi todo el mundo ha consumido alguna vez langostinos Pescanova, congelados y que democratizaron el marisco en España. Sabrán ustedes que en estos momentos Pescanova está en quiebra técnica, que hay un agujero patrimonial de 1.600 millones de euros, y que según dos empresas auditoras, «los hechos, operativas y prácticas desarrolladas por Pescanova no fueron fortuitas, sino que fueron resultado de una planificación de forma consciente», y que «existen indicios fundados de que determinadas personas de la cúpula directiva de Pescanova han instruido, ejecutado, llevado a cabo o conocido, en mayor o menor medida, dichas prácticas».

Así las cosas, un grupo de inversores y acreedores de la empresa decide hacerse cargo de la propiedad y gestión de la misma. A la cabeza, la familia Carceller, propietaria de la conocida cervecera Damm. Pero resulta que el juez Ruz acusa a esta familia de fraude y blanqueo de capitales, de mantener «una actividad dirigida a ocultar que su residencia efectiva y real radicaba en España» y de «ocultar sus rentas y patrimonios a la Hacienda Pública española mediante la utilización de estructuras fiduciarias radicadas en paraísos fiscales y la reinversión de las cuotas defraudadas en sociedades que también controlaba».

Escarbando en la reciente historia económica contemporánea de España, sale a relucir que la saga Carceller hizo su fortuna en la callada ciénaga de corrupción que fue el franquismo. El patriarca, cerebro económico de la Falange y ministro de Industria entre 1940 y 1945, mereció la atención incluso del gran historiador Josep Fontana: «ninguno de los negocios, empresas, industrias, comercios, permisos de importación, de explotación, negocios bancarios, establecimientos de industrias o su ampliación, o de comercio, ni una sola actividad industrial, comercial o de la banca españolas, puede realizarse sin contar con el beneplácito de don Demetrio Carceller».

Si vives en un país en el que tahúres y defraudadores acaban convirtiéndose en el relevo normal y legal de los estafadores, tienes un problema. Y parece que esto no ha hecho más que empezar. Que Dios nos pille confesados.