Ahora, la justicia

En los últimos meses hemos visto cómo las decisiones del Gobierno en materia judicial ha dado sucesivos golpes a los profesionales liberales, el último con el anteproyecto de ley de los servicios profesionales, fuertemente contestado por los colegios de abogados y de procuradores. Pero no quedará aquí el asunto. El proyecto de nueva planta judicial que prepara Gallardón, que con la ley de tasas, dará la puntilla a profesionales y empresas de servicios jurídicos.

Que sepan los ciudadanos que si el proyecto llega tal cual al BOE, los juzgados se concentrarán en un único y megajuzgado provincial, que alejarán la administración de justicia de los ciudadanos, en la línea recentralizadora de la ley local.

Aparte de las cuestiones estrictamente técnicas -me informaban de las dificultades de archivos y custodia de documentos, por ejemplo-, insisto en las democráticas.

La propuesta de modificación de la demarcación y planta judicial que formula, sigue la senda de las reformas de la administración que nos viene proponiendo el Gobierno, y que como otras, ignora a los ciudadanos, las competencias que la Constitución y sus Estatutos reservan a las Comunidades Autónomas y tiene como único eje rector, con el pretexto de un supuesto ahorro, la reducción de la administración orientada, en última instancia, al desmantelamiento de los servicios públicos.

Cualquier propuesta para merecer una mínima consideración tiene que tener en cuenta, además de las competencias de otras administraciones en la materia, aspectos demográficos, de redes de comunicación, de tipología de la litigiosidad existente en cada zona, del carácter rural, urbano o turístico de la zona, etc. y que, en base a un estudio de los mismos, llegase a conclusiones de dotación debidamente razonadas y articuladas en una propuesta de la propia Comunidad Autónoma. Surgen muchas dudas con esta propuesta, que en Andalucía llegaría después de fuertes inversiones, como en la provincia de Málaga, en infraestructuras judiciales. No hay ahorro si, como dice el ministro, las sedes actuales seguirán abiertas. Es decir: tendremos el doble de gasto, una administración judicial lejana y seguramente el despido de profesionales.

El Gobierno de Rajoy está empobreciendo a las clases trabajadoras y profesionales, ya lo hemos denunciado y hemos intendo de poner freno. Pero el Partido Popular no rectifica. Los socialistas lo estamos denunciando, porque en el alud de disparates de desgobierno que vivimos se están tomando decisiones muy perjudiciales desde todos los puntos de vista. Lo denunciamos y actuamos junto a los colectivos para frenar las reformas en los tribunales.