Una reforma innecesaria

LA Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local oculta entre tanto ropaje de nombre un profundo cambio en el modelo político de nuestro país. Ésta es de esas reformas que el Gobierno suele poner en el tapete en agosto o en diciembre para que pase inadvertida en el debate público, más allá de los implicados en el proceso, siendo además asunto tratado con una jerga que aleja a los ciudadanos, los cuales, como es lógico, están más pendientes de resultados que de las negociaciones. No obstante, este proceso es importante porque si no se frenan algunos de los postulados de esta ley, sus consecuencias serán muy duras para los ciudadanos.

Cuando hablamos del municipio todo el mundo sabe que es la Administración inmediata, el mostrador de primera instancia para resolver los problemas que más directamente nos pueden afectar, porque el ayuntamiento gestiona los servicios más básicos. Nuestro desarrollo local, indisoluble de nuestra modernización como país, ha ampliado esa cartera de servicios, por el simple hecho de que sociedades más desarrolladas los exigen. Esa capacidad de respuesta se ha basado en la proximidad de alcaldes y alcaldesas, útil si la capacidad de decisión está en sus manos. Para ello son indispensables las competencias y el dinero.

Todo esto pasará a la historia si la ley prospera en los términos con los que ha pasado el registro del Congreso de los Diputados para su trámite parlamentario. Siendo alarmante y preocupante la invasión de la autonomía local, a la ciudadanía hay que decirle, por ser lo más político, que esta ley debilita la democracia local. Su poder como ciudadanos. Lo que late en el fondo de la norma es un proceso de recentralización de competencias, es decir, de poder, al grito de "aquí mandamos unos pocos".

Recentralizar el poder. Es todo lo contrario de lo que la sociedad exige: participar en la toma de decisiones, como corolario de la crisis de representatividad política e institucional que vivimos. Las decisiones escaparán de la política, pero no de los políticos, sino de los ciudadanos. Porque políticos son los del Partido Popular que entregarán la gestión de los pueblos a la tecnocracia economicista o directamente al mercado. Escapará del control de los ciudadanos, porque lejos de ellos estará ese poder. No digo yo que la cultura política retroceda al estado parroquial- en la conocida clasificación de Almond y Verba-, pero sí se va a instalar en el ámbito de la subordinación, por quedar al margen de la toma de decisiones, por más conciencia o conocimiento que los ciudadanos tengan del sistema político. No hay participación real sin descentralización y proximidad de la toma de decisiones.

El calado de la reforma es el empobrecimiento de la democracia local desde un punto de vista político, que agravará las evidentes consecuencias en servicios públicos. Nos sorprendió que el ministro Montoro afirmara en el Congreso que primará el consenso, cuando ha sido incapaz de alcanzar acuerdos previos con la pluralidad de formaciones políticas en federaciones de municipios o en conversaciones bilaterales. Nos sorprendió aún más que no dé marcha atrás con esta ley tras afirmar que los ayuntamientos españoles están en superávit. ¿No ha hecho falta esta ley para garantizar su sostenibilidad económica? Para qué aprobarla, pues. Dando por acertadas las previsiones del ministro, el hecho constata lo que los socialistas venimos reclamando como alternativa a esta ley: financiación para los ayuntamientos. Aunque haya sido por la vía del endeudamiento obligatorio mediante el plan de pago a proveedores, los entes locales han tenido acceso al crédito. Tengan en cuenta que la deuda municipal representa sólo el 4% de la deuda de todas las administraciones, y gran parte corresponde a las grandes ciudades.

Los socialistas defendemos un ajuste en el reparto de las competencias entre administraciones. Una reforma de la administración, pero ésta ha de hacerse con diálogo y consenso con ayuntamientos y autonomías. La norma que impulsa el Gobierno invade quince artículos del Estatuto de Andalucía, como recordó la presidenta Susana Díaz en su investidura. Si prospera la reforma con el texto actual, los ayuntamientos van a ser los grandes derrotados cuando han sido estas administraciones, en colaboración con las autonomías, las impulsoras de la modernización de este país. Aún estamos a tiempo de evitarlo. El PSOE de Andalucía va a impedir que este Gobierno de la derecha recentralizadora española, con la excusa de la crisis económica, borre de un plumazo la historia de la democracia local. Ése será nuestro empeño.