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La justicia te saldrá cara y lejana

Javier García León. 10/10/2013

Pocos sectores de la sociedad deben faltar ya que de una manera u otra hayan rechazado alguna de las políticas del gobierno de Rajoy. Los profesionales del derecho no iban a ser menos, sobre todo si al frente de Justicia está quien se presentaba como el moderado y ha resultado ser uno de los ministros más polémicos y provocadores, además de dañino.

Como Secretario de Acción Ciudadana del PSOE-A Málaga, como abogado, y como ciudadano usuario de la Administración de Justicia, rechazo el nuevo golpe del ministro Gallardón, que plantea con este nuevo proyecto centralizar de la demarcación y planta judicial, que no no ahorra en contra de las teorías del gobierno y que en absoluto da respuesta a unos de los verdaderos problemas de la administración de justicia como son la falta de jueces y de recursos materiales.

Es de sentido común rechazar la reforma y solicitar retirarla por ineficaz, ya que no supone ahorro, y aún en ese caso, que repito, no se da, no tendría justificación, supone más molestias para los ciudadanos, peor servicio y más gasto para quienes acudan a ejercer sus derechos a los Tribunales de Justicia.

Tampoco habrá una justicia más ágil y eficaz, sino más bien todo lo contrario, suponiendo una traba más a los ciudadanos para el acceso a la justicia, que sumado a las tasas judiciales supone la puntilla a un derecho como la tutela judicial efectiva amparada por nuestra Carta Magna.

El nuevo mapa judicial cambia por completo, así como el organigrama de la Administración de Justicia, dificultando el acceso a la misma, alejándola del ciudadano, encareciéndola y aumentando la desigualdad.

La centralización en las capitales de provincia no se ajusta a la realidad del territorio ni a criterios poblacionales, más aún en Andalucía y en particular en la provincia de Málaga, con 7.276 km2.

Imaginemos a los vecinos de la Serranía de Ronda, con esas carreteras abandonadas por la Diputación (sí hay dinero para un museo taurino que cuesta más de 5 millones de euros), o de la Axarquía, que tendrán siempre que desplazarse hasta la capital para acceder a un derecho que les otorga la Ley de Leyes pero les quiere quitar el PP.

No quiero olvidar el factor económico que gira entorno a las sedes judiciales en lugares como Marbella, Fuengirola, Torremolinos, Coín, Torrox, Ronda, Vélez-Málaga, Antequera o Estepona, así como los puestos de trabajo que peligran con esta nueva medida de Rajoy y Gallardón.