El concepto de "democracia" tiene su origen en el griego, donde “demos” significa pueblo y “Kratos” significa poder. Encontrando alusión a la misma en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, al manifestar en su artículo 21 lo siguiente: “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.

De modo que, este este mes de septiembre, celebramos el Día Internacional de la Democracia, una fecha que nos invita a reflexionar sobre el valor de este sistema político y social que tantos sacrificios costó alcanzar en España.

Tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, nuestro país inició un camino complejo pero esperanzador: la Transición. Bajo el liderazgo del presidente Adolfo Suárez, el primer gobierno democrático salido de las urnas en el 15 de junio de 1.977, sentó las bases de un nuevo marco político. Fue un acto de generosidad de todas las fuerzas políticas, donde socialistas, comunistas, partidos de derechas e incluso formaciones durante décadas en el exilio, como el PSOE, participaron en un proceso de consenso.

La amnistía de octubre de 1977 fue un gesto de reconciliación nacional, que no solo permitió el regreso de exiliados y la libertad para presos políticos, sino que también extendió el perdón a funcionarios y fuerzas de seguridad del franquismo responsables de violaciones de derechos humanos.

En 1978, aprobamos la Constitución Española vigente, sin el apoyo en el Congreso de los Diputados de Alianza Popular (actual PP), que estaba liderada por un exministro con Franco, Manuel Fraga.

Pero el futuro de nuestra joven democracia se vio amenazado el 23 de febrero de 1981, cuando el teniente coronel Antonio Tejero y otros militares intentaron un golpe de Estado bajo la falsa bandera de España. La respuesta firme de la sociedad y de las instituciones españolas fueron decisivas para defender la democracia. A partir de entonces, España consolidó su sistema democrático y avanzó con paso firme.

Es preciso recordar que, en la década de los 70, España era un país en vías de desarrollo, con amplias zonas como Andalucía o Extremadura en situación muy precaria en infraestructuras y servicios. Sin embargo, hoy, gracias a la descentralización autonómica recogida en la Constitución entre otros aciertos, el país ha avanzado en derechos, libertades, en cohesión territorial, infraestructuras y servicios públicos. Las autonomías y diputaciones han permitido que los recursos se inviertan directamente en los territorios y municipios rurales, demostrando ser eficaces.

Avance que, sin embargo, estamos viendo que se está paralizando o, en el peor de los casos, nos encontramos ante un retroceso palmario y manifiesto en los servicios e infraestructuras de los que son responsables. Es por eso por lo que debemos de exigir a las Comunidades Autónomas que cumplan con sus competencias constitucionales, que gobiernen para la mayoría de la sociedad, que usen sus presupuestos anuales de miles de millones (48 mil millones para el 2025 en Andalucía) y atiendan a los ciudadanos satisfaciendo sus necesidades de acceso a la vivienda, a la sanidad y educación públicas, a la dependencia de nuestros mayores y familiares vulnerables, a la protección de nuestros montes ante el riesgo de incendios o manteniendo y facilitando infraestructuras adecuadas en materia de agua, para satisfacer las necesidades de consumo de los ciudadanos, así como de nuestro tejido económico e industrial.

No obstante, a nivel estatal, España ha pasado de la escasez y el atraso de hace 50 años a situarse como líder en múltiples áreas: infraestructuras ferroviarias, seguridad, energías renovables, industria automovilística y naval, turismo, entre otras. Todo ello evidencia que el camino de la democracia ha sido el correcto y que solo bajo un sistema de libertades se pueden alcanzar estos logros.

Sin embargo, las amenazas actuales no deben subestimarse. Los ataques a las instituciones, la mala educación, la difusión de bulos en redes sociales y las presiones de intereses económicos y políticos extranjeros buscan debilitar nuestra democracia. La historia reciente demuestra que retroceder hacia una dictadura supondría repetir el error de los 40 años de franquismo, que atrasaron a España tres décadas respecto a Europa.

Hoy, España lidera Europa en crecimiento económico y creación de empleo. Hemos superado a potencias en muchas variables que antes parecían inalcanzables, y somos un referente democrático a nivel mundial. Por consiguiente, es vital mantener la vigilancia y el compromiso político y ciudadano para proteger nuestras instituciones. Y, por ello, el PSOE de España, con sus errores y sus muchos más aciertos, como partido de Estado que gobierna para todos, seguirá siendo garante y defensor de las libertades y derechos de todos los españoles; vivan donde vivan, tengan la condición social, sexual, racial o ideológica que tengan.