El alcalde de Campillos denuncia en la Diputación el “bloqueo administrativo injustificable” de la Junta que mantiene paralizados proyectos y licencias desde hace once meses

Daniel Gómez reclama a la institución provincial que se sitúe “del lado de los pueblos pequeños” y exija a la Junta la emisión inmediata de los informes pendientes, refuerzos de personal y un canal técnico estable

El alcalde de Campillos, Daniel Gómez, ha intervenido hoy en la Tribuna de Alcaldes de la Diputación de Málaga para denunciar la “situación límite” que vive su municipio —y muchos otros del interior de la provincia— por los once meses de retraso acumulados en la emisión de informes sectoriales por parte de la Delegación Territorial de Aguas de la Junta de Andalucía.

Gómez ha explicado que este bloqueo administrativo está impidiendo conceder licencias, autorizar obras y desarrollar proyectos municipales, afectando directamente a familias, autónomos, empresas locales y a la propia actividad del Ayuntamiento. “El Ayuntamiento ha cumplido con todo: hemos presentado documentación, mantenido reuniones y reiterado solicitudes. La respuesta ha sido el silencio administrativo”, ha lamentado.

El alcalde ha subrayado la “incomprensible” actuación de la Junta, que “tras casi un año sin resolver expedientes, ahora envía notificaciones a los vecinos dándoles diez días para aportar nueva documentación bajo amenaza de archivo”. “Una administración que tarda once meses en abrir una carpeta no puede ahora culpar a los vecinos. Eso no es eficiencia: es una desproporción administrativa inaceptable”, ha denunciado.

En su intervención, Gómez también ha desmontado los argumentos ofrecidos recientemente por la Junta en respuesta a preguntas parlamentarias. En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento ha mantenido reuniones informativas que “no han producido ni un solo avance administrativo”. Asimismo, ha señalado que el hecho de que Campillos se encuentre en una Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) “no justifica una demora de casi un año”, cuando la ley fija un plazo de tres meses para resolver. También ha lamentado que la Junta atribuye el retraso al número de viviendas fuera de ordenación, algo “falso o profundamente engañoso”, ya que “solo dos de los casi veinte expedientes bloqueados tienen relación con viviendas fuera de ordenación”.

“Estamos ante una vulneración del principio de buena administración, del deber legal de resolver en plazo y del equilibrio territorial que exige nuestro Estatuto”, ha afirmado. Gómez ha asegurado que lo que ocurre en Campillos “no es un caso aislado, sino el reflejo de una Andalucía desequilibrada, donde los grandes municipios reciben respuestas inmediatas y los pueblos del interior quedan atrapados en la burocracia”.“¿Esperaría once meses una licencia en Málaga capital o Marbella? Sencillamente, no”, ha señalado.

El alcalde ha expuesto que el Ayuntamiento se ha visto obligado a acudir al Defensor del Pueblo Andaluz, a la Secretaría General del Agua, a la Subdelegación del Gobierno, a la FAMP, a la Mesa del Parlamento y a entidades sociales para reclamar actuaciones que “la Administración está obligada a realizar de oficio”.

Durante su intervención, Gómez ha solicitado a la Junta de Andalucía la emisión inmediata de los informes sectoriales pendientes, el refuerzo de personal técnico y administrativo en las delegaciones territoriales, especialmente en Málaga y la creación de un canal técnico permanente entre ayuntamientos y Junta para garantizar plazos y coordinación.

El alcalde ha pedido a la Diputación que ejerza su papel institucional de defensa del municipalismo. “No venimos a pedir una mediación tibia. Venimos a exigir que utilicen su voz política y su poder institucional. Ha llegado el momento de elegir: o están con los pueblos pequeños, que somos David, o están con Goliat, que es la ineficacia de la gran administración autonómica”, ha asegurado.

Gómez ha concluido recordando que “la lucha contra la despoblación no se hace con discursos, sino con licencias que se conceden y proyectos que avanzan”. “Los pueblos del interior no somos ciudadanos de segunda. Cumplir los plazos no es una cortesía, es una obligación legal; y garantizar el equilibrio territorial no es un lema, sino un deber institucional”, ha subrayado. El alcalde ha cerrado su intervención con un mensaje dirigido a toda Andalucía rural: “Mientras un solo expediente siga durmiendo en un cajón, siempre habrá un pueblo y una voz recordando que la dignidad también se defiende desde el interior”.