El PSOE propone que los ayuntamientos no cobren las plusvalías a las familias afectadas por ejecuciones hipotecarias


El Grupo Socialista en la Diputación de Málaga ha propuesto que las familias malagueñas obligadas a entregar su vivienda a los bancos o que sean objeto de ejecuciones judiciales o administrativas no tengan que pagar el impuesto municipal de plusvalías


Los socialistas presentarán una moción en el próximo pleno municipal, tal y como han anunciado hoy el portavoz socialista, Francisco Conejo y el diputado Javier García León.

Según han explicado los socialistas, las familias que se ven forzadas a desprenderse de su vivienda por no poder afrontar el pago de los préstamos suscritos para financiarla deben además abonar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, también conocido como plusvalía municipal, que se aplica a la diferencia entre el valor del suelo desde que se adquirió hasta que se enajena.

En el caso de que la familia llegue a un acuerdo con el banco para la dación en pago, es decir para entregar la vivienda a cambio de la cancelación total de la deuda hipotecaria, los ayuntamientos tienen que adaptar sus ordenanzas a la nueva legislación, que prevé que sea el que se queda con el inmueble, el banco, el que abone las plusvalías. En concreto, el real decreto-ley 6/2012 de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, establece que con ocasión de la dación en pago de su vivienda "tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas".

Sin embargo, según Francisco Conejo, "hemos detectado que hay ayuntamientos de la provincia de Málaga que no han adaptado sus ordenanzas municipales a ese real decreto del Gobierno de España". "Hay ayuntamientos de la provincia de Málaga que le están obligando a las familias a pagar las plusvalías cuando llegan a un acuerdo para la dación en pago, aunque la ley establece que eso es ilegal en estos momentos", ha agregado.

Por ello, desde el Grupo Socialista se le pide a la Diputación que recomiende a los consistorios de la provincia que adapten sus ordenanzas fiscales del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. "Le vamos a pedir a la Diputación Provincial que le exija a todos lo ayuntamientos malagueños que estas plusvalías la tienen que pagar las entidades financieras", ha subrayado Conejo. En este sentido, Javier García León ha apuntado que la institución provincial debe dar asistencia a los ayuntamientos que lo necesiten para adaptar esas ordenanzas.

Por otro lado, en el caso de ejecuciones judiciales y administrativas aún no existe legislación estatal al respecto. Así, los socialistas solicitarán al Gobierno a que amplíe la medida de sustitución del impuesto de plusvalías a los casos de ejecuciones judiciales y administrativas, "teniendo la consideración de sujeto pasivo la persona física o jurídica que adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas".

En definitiva, se trata, según García León de "poner en marcha medidas que alivien la situación mientras se llega a un solución global en nuestro país sobre la cuestión dramática de los desahucios".

"Queremos que la sustitución del pago de la plusvalía se lleve a cabo en todo tipo de ejecuciones, para que no se dé la situación chocante de que alguien que pierde su vivienda porque la da en dación o porque se la ejecutan, ademá de quedarse sin vivienda, no se quedé también como deudor del ayuntamiento, además de deudor del banco", ha explicado.

Según el diputado provincial y también portavoz socialista en Fuengirola, este impuesto de plusvalías en municipios de la Costa del Sol como Marbella, Benalmádena o Fuengirola, en el caso de una vivienda de dos o tres dormitorios con unos 80 metros cuadrados y que lleve diez años en posesión de una misma familia ronda los 5.000 euros.

Los socialistas han señalado que desde que empezó la crisis en la provincia de Málaga se han registrado 10.000 ejecuciones hipotecarias. "En el primer semestre de 2012 hemos tenido 2.055 ejecuciones hipotecarias. Si la situación se mantiene al final de 2012, más de 5.000 familias malagueñas habrán sufrido una ejecución presupuestaria. Nosotros lo que estamos planteando es que esas 5.000 familias no tenga que pagar el impuesto de plusvalías en su ayuntamiento correspondiente", ha dicho Conejo. "Creemos que es de justicia y creemos que es posible hacerlo de forma inmediata", ha añadido García León.


TRANSPARENCIA

Información económica sobre el PSOE de Málaga y de sus cargos