El PSOE llevará a la Fiscalía el expediente del Museo Taurino y la situación irregular de los gerentes de la Diputación
Conejo asegura que los socialistas no van a ser cómplice de las irregularidades del PP en la institución
El presidente y portavoz del grupo del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, ha anunciado hoy durante el pleno que los socialistas llevarán a la Fiscalía el expediente completo del Museo Taurino y la situación irregular en la que se encuentran los gerentes de los consorcios y empresas públicas de la institución provincial. Ambos asuntos se han abordado en el día de hoy en el pleno celebrado en el ente supramunicipal.
Todos los grupos de la oposición en la Diputación, que suman mayoría (PSOE, IU, Ciudadanos y Málaga Ahora), ha aprobado por unanimidad que se inicien los trámites para resolver por incumplimiento la concesión demanial del edificio de la Plaza del Siglo al coleccionista Juan Barco para instalar el denominado Centro Expositivo del Arte Taurino, más conocido como Museo Taurino. En cambio, las enmiendas presentadas por el PSOE para exigir responsabilidades políticas, poner el asunto en conocimiento de la Fiscalía, abrir un expediente sancionador y consensuar el uso del edificio no han salido adelante. Por ello, Conejo ha adelantado que el PSOE va a llevar todo el expediente a la Fiscalía.
"Se ha estado incumpliendo la ley y ha habido responsables políticos que han mirado para otro lado", ha asegurado. En este sentido, ha apuntado a Bendodo directamente, "el máximo responsable". "Primero, el coleccionista estuvo durante varios meses sin ningún contrato ocupando el inmueble. Fue el primer museo okupa de España. Pero lo más grave es que el coleccionista había cedido a terceros el uso de ese edificio. Hemos denunciado esto con pruebas al PP. Hemos adjuntado facturas de compras tanto en la tienda como en el restaurante que demostraban que quien estaba explotando esos espacios no era la misma sociedad a quien se había adjudicado el edificio, eran otras empresas. Pruebas que Bendodo y el diputado de Cultura y Asuntos Taurinos han tenido durante todo este año. Pruebas que demostraban la cesión a terceros de un inmueble, algo que estaba prohibido en el pliego de cesión demanial", ha explicado. "El PP cedió la joya de la corona del patrimonio de la Diputación a un privado para hacer negocio. Hay que restituir la legalidad y dirimir si ha habido algún hecho delictivo", ha apuntado.
En cuanto a los gerentes, el PSOE ha presentado una iniciativa pidiendo la destitución inmediata de los gerentes de los consorcios provinciales de Bomberos, Agua, Residuos Sólidos y Urbanos y del gerente de la empresa pública Turismo y Planificación Costa del Sol, "por encontrarse en situación irregular al no haber mediado en su nombramiento el preceptivo concurso público como exige la legislación vigente y como han advertido los habilitados nacionales en sus respectivos informes". Los socialistas también pedían que se abrieran convocatorias públicas para la elección de esos gerentes mediante la elaboración y publicación de sus bases, consensuadas con todos los grupos políticos, escuchando a los representantes de los empleados y en los órganos competentes de decisión, según la legislación vigente. Y por último, proponían que el pleno de la Diputación pusiera en conocimiento de la Fiscalía de Málaga los hechos relacionados con el nombramiento de los gerentes de los consorcios y las empresas públicas "por si son constitutivos de delito".
Tras ser rechazada la moción con los votos en contra de PP y Ciudadanos, y tal y como anunció ayer, Conejo ha confirmado que el PSOE llevará el asunto a Fiscalía. "Tanto Delgado Bonilla, presidente de estos consorcios, como Bendodo, presidente de la empresa pública de Turismo y Planificación, podrían estar incurriendo en un delito de prevaricación, porque conocen la situación irregular en la que se encuentran los gerentes. Tenían informes del secretario-interventor advirtiendo del procedimiento que se tenía que utilizar en sus nombramientos", ha detallado. Conejo ha subrayado la situación "irregular" de los gerentes, "nombrados a dedo sin convocatoria pública".
Como caso más significativo, Conejo ha recordado el del Consorcio Provincial del Agua (CPA),en el que las irregularidades en el nombramiento de los dos últimos gerentes comienzan en 2014, cuando su presidenta de entonces, la diputada delegada de Medio Ambiente, Marina Bravo, nombró de manera provisional a un cargo de confianza del equipo de gobierno, sin concurso previo el 2 de enero a la espera de convocarlo en el mes de junio. La decisión fue adoptada en el consejo de administración con los votos en contra de los alcaldes del PSOE e IU. El 20 de junio de ese año el Boletín Oficial de la Provincia (BOPMA) publica las bases que rigen el proceso de elección del gerente. En el plazo de presentación de exposición pública, se presentan reclamaciones y alegaciones sobre la titulación y los requisitos formativos requeridos. Finalmente, el 30 de junio revoca el concurso y argumentan que el nombramiento queda a la espera de la modificación de los estatutos del consorcio que deben adaptarse a la Ley de Racionalización de la Administración Local. En vez de abrir el proceso de elección, el equipo de gobierno decide mantener al gerente nombrado a dedo. Tras las elecciones municipales de 2015, estando vacante este puesto por el fallecimiento de la persona que lo ocupaba, el exdiputado de Medio Ambiente y Cultura, Juan José Bernal, es nombrado a dedo por el presidente sin convocar ni siquiera al Consejo de Administración para que eleven propuestas. El nombramiento está vigente desde el 27 de julio de 2015, con el límite de la constitución del consejo de administración (órgano que debe elevar una propuesta al Presidente para designar al gerente, según los Estatutos), según se recoge en el punto 4 del contrato del gerente. Por tanto, lleva ocupando el cargo más de un año, pese a que el consejo de administración ha sido constituido. No se ha cumplido con la convocatoria pública para la designación, no ha sido designado por el órgano facultado y se ha incumplido el contrato.
"Los socialistas no vamos a ser cómplice de las irregularidades del PP en la institución. Ni en el caso de los gerentes ni en el del Museo Taurino. El PP es incapaz de restablecer la legalidad y asumir responsabilidades y, por tanto, llevaremos ambos temas a Fiscalía", ha concluido.
