Todavía retumban en mis oídos las declaraciones de la consejera de la Junta de Andalucía, afirmando que el Gobierno andaluz no dará marcha atrás en “su modelo” de gestión de la Dependencia. No dar marcha atrás en un modelo que registra la mayor espera de toda España para ser atendidas: 565 días de media, frente a los 340 de la media nacional. Cifras similares a las de comunidades como Madrid, Galicia, Cataluña o la Comunidad Valenciana, que están por debajo de la media. Y sigue resonando esa afirmación cuando pienso en cada una de esas personas que fallecen en sus domicilios, solas o sin poder ser atendidas. En Andalucía han fallecido más de 5.000 personas en lo que llevamos de 2025 sin recibir la atención que necesitaban. Somos la segunda comunidad autónoma con más fallecidos en esta situación. Cómo no recordar las palabras de la consejera cuando Andalucía es, además, la cuarta comunidad con menos plazas residenciales. Cabría decir que el dato mata el relato, pero esto va más allá de cifras: se trata de personas, de familias, de dolor y soledad, de desesperación y del abandono por parte de una administración que debería velar por quienes son más vulnerables.

Las declaraciones de la consejera y la falta de sensibilidad de Juanma Moreno me obligan a hacerme eco de la denuncia del Consejo Andaluz de Trabajo Social, que alerta sobre el peligro en el que se encuentra el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía (SAAD). No sólo registra los peores datos de toda España en la atención a las personas dependientes, sino que además denuncia el modelo “low cost” de la Junta: menos inversión, más privatización, revisiones de grado sin atender y más de 18.000 solicitantes en el limbo. Podría añadir otras denuncias, como las de la Federación de Organizaciones de Mayores de Andalucía, que lleva años advirtiendo del declive de un sistema público de

dependencia que no sólo debería estar protegido y funcionando a pleno rendimiento, sino que debería haberse consolidado como un sistema de cobertura universal para la autonomía personal de toda la ciudadanía.

Quizás nos ha tocado la consejera más insensible, o un presidente “poco” comprometido, que no ha cumplido ninguna de sus promesas electorales. Pero la realidad es que la gestión de la Dependencia en Andalucía está muy lejos de los 180 días de plazo que marca la ley. Tal vez, a estas alturas, la consejera siga tentada de recurrir a los datos del pasado para intentar tapar la nefasta gestión de más de siete años. Sin embargo, la verdad es que durante este tiempo Andalucía ha contado con la mayor financiación del Gobierno central de las últimas décadas. Quizás, para el Partido Popular, gestionar el mayor presupuesto que ha tenido Andalucía no sea suficiente para garantizar la calidad de los servicios públicos que sostienen nuestro Estado de Bienestar: sanidad, educación y, cómo no, dependencia.

Hoy, quizás, sólo quienes tienen familia en situación de dependencia o quienes superan los 65 o 70 años se preocupan por defender un sistema maltratado por quienes nunca creyeron en que debía ser público, universal y de calidad.

Basta recordar las portadas y declaraciones de Mariano Rajoy afirmando que “la dependencia no es viable”, o los recortes millonarios de un secretario de Estado llamado Juanma Moreno al sistema público de servicios sociales e igualdad. Pero no olvidemos: no bajemos la voz. Los jóvenes de hoy seremos los mayores de mañana y, si permitimos que lo destruyan y lo privaticen —tras una “externalización” sin sentido social—, quizás en un futuro cercano ya no hablemos de miles de personas fallecidas sin atender, sino de un simple recuerdo de lo que un día fue concebido como un derecho subjetivo de toda persona: la atención a quienes se encuentran en situación de dependencia.