Málaga es una de las cinco ciudades de España donde la vivienda es más cara. Sin embargo, este hecho no guarda relación con su nivel de renta per cápita. Y podemos decir que esta circunstancia se repite en mayor o menor medida en el resto de la provincia, lo que obliga a preguntarnos qué hemos estado haciendo todos estos años. Cómo hemos ido agotando ese recurso no renovable que es el suelo —que en toda economía sostenible solo puede ser consumido en la medida en la que es remplazado por otro de, al menos, igual valor— sin conseguir que el bienestar medio de los ciudadanos de la provincia converja con el de las provincias más ricas de España.

Pese a ello, la respuesta que obtenemos a la escasez y el alto precio de la vivienda es la emigración a otros municipios donde la vivienda sea más barata, lo que invita a cuestionarnos si el dilema no debe ser si tenemos que buscar nuestras casas fuera de nuestras ciudades, sino quiénes son los que deben vivir fuera de ellas. Y aún mejor dicho ¿Para quién construimos nuestras ciudades?

En vísperas de unas elecciones autonómicas y a escaso año y medio de otras municipales, esa es la pregunta que tendremos que contestarnos cuando elaboraremos nuestros programas de gobierno y ofrecer una alternativa a los miles de malagueños que viven un drama habitacional. Un drama que no solo afecta a la capital sino a toda el área metropolitana y es consecuencia de un proceso que hemos ido construyendo; y cuando decimos construyendo lo decimos literalmente. Porque el desarrollo urbanístico de la provincia lo hemos hecho sin dar respuesta a los problemas de la ciudadanía, construyendo por construir, por mantener una actividad económica que llegó a suponer hasta el 21 % del PIB de la provincia, pero que nunca llegó a repercutir en la misma medida en el incremento del nivel de riqueza de los ciudadanos. Y eso es lo que tenemos que corregir.

Es urgente que nos preguntemos qué tipo de vivienda queremos y cómo podemos acceder a ella, qué ciudad queremos y en qué territorio deseamos dejar a nuestros hijos. Preguntas a las que solo podemos responder desde una gobernanza que supere los límites administrativos de la ciudad, que no coinciden con sus límites administrativos. De hecho, hoy vivimos en un continuo urbano donde podemos trabajar, descansar y divertirnos en municipios diferentes sin ser, en muchos casos, conscientes de cuáles son los límites administrativos que cruzamos de forma cotidiana.

Y para ello existen los planes de ordenación territorial, que en el fondo no deben dejar de ser planificaciones estratégicas, y de cuya responsabilidad parece inhibirse la Junta. Unos planes de ordenación territorial, competencia de esta, que hace ya años ponían el foco en los mismos problemas de movilidad, agua, o suministro eléctrico de los que escuchamos hablar todas las semanas y para los que la única solución que se nos ofrece es imputarle la responsabilidad al gobierno central. Málaga puede encontrar una solución, pero lo tiene que hacer desde un enfoque integral, estratégico y sistémico de sus áreas funcionales. Un enfoque que evite que los únicos beneficiarios finales de toda acción sigan siendo los grandes capitales y pasen a ser sus ciudadanos.

En este análisis debemos tomar nota de la absoluta dejadez que la administración ha asumido en política de vivienda social o protegida desde el Plan de Vivienda de 2013 de Mariano Rajoy y reivindicar una mayor financiación e inversión pública. Contrariamente respecto a lo que se plantea desde algunos gestores de municipios del área metropolitana, es imprescindible dejar de confiar en el mercado como proveedor de soluciones y ser consciente de que su único objetivo es la maximización de beneficios y nunca la solución de un problema social. Los hechos no lo confirman. La oferta en la Costa del Sol está autorregulada. Hay suelo en desarrollo, pero se hace paso a paso, para no romper los precios.  Y así, hemos de plantearnos cuál es el tipo de vivienda que tenemos que hacer y para eso tenemos mecanismos. Quizás no los tengamos todos ni estén a nuestro alcance todas las posibilidades, pero eso no quita para que no podamos modificar sustancialmente la situación.

La actual ley de Vivienda que se debate en el parlamento andaluz podía ser una buena herramienta, pero la propuesta se limita ser una ley eminentemente declarativa que no dice nada que no sepamos ya. Que se van a hacer planes de vivienda. Ya lo sabemos, llevábamos años haciéndolos. Que se van a hacer planes de vivienda municipales. También lo sabemos. Tenemos uno en cada municipio importante. Se propone mejorar la calidad de las viviendas, la normativa nacional es un mecanismo en continua revisión y avance. Y la que parece la gran medida estrella: elaboraremos un censo de suelo disponible. Es decir, ¡albricias! no construíamos viviendas asequibles porque la administración no sabía dónde tenia el suelo para hacerlas. Sin comentarios. Sobre todo, porque tenemos vigente un plan de vivienda Andaluz 2025-2030 en el que los municipios acogidos han tenido que aprobar su propio Plan de Vivienda y determinar el suelo que tenían disponible para la demanda existente de vivienda.

Pero todo ello no tendrá sentido mientras que no abordemos con decisión dos problemas esenciales. En primer lugar, la lentitud de la administración en los trámites úrbanísticos, tanto local como autonómica, y el coste que esto representa en el precio final del suelo. Y finalmente, pero no por eso menos importante, el papel de la mal llamada vivienda turística y su incidencia en el mercado de la vivienda y en la economía de nuestras ciudades. Nada tendrá sentido mientras que no abordemos de manera decidida la manera en que logramos que la construcción de vivienda vuelva a ser la producción de un bien de primera necesidad y deje de ser el bien de inversión al alcance de unos pocos en el que se ha convertido.