Que desde el partido socialista apostemos por el Día Mundial de la Educación Ambiental no es una cuestión simbólica ni un gesto retórico. Para nuestra provincia, uno de los territorios más expuestos a los efectos del cambio climático en el sur de Europa, la educación ambiental constituye una herramienta clave de justicia social, cohesión territorial y democracia. Por tanto, desde nuestra perspectiva hablar de educación ambiental es hablar de derechos, de igualdad de oportunidades y de defensa del interés general frente a modelos de desarrollo que han generado profundas desigualdades sociales y ambientales, como bien podemos comprobar en nuestra provincia e incluso en Málaga capital.

Se trata de un territorio diverso y complejo, en el que conviven espacios litorales altamente urbanizados, áreas metropolitanas en expansión, comarcas rurales en riesgo de despoblación y sistemas agrarios sometidos a una creciente presión hídrica. Podemos situar cada uno de estos enclaves. Esta diversidad hace especialmente evidente una realidad incuestionable: la crisis climática y ambiental no afecta por igual a todos los municipios ni a todas las personas. Las sequías recurrentes, el estrés hídrico, los incendios forestales, la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad o el aumento de las temperaturas golpean con mayor dureza a los territorios más frágiles y a los colectivos con menos recursos.

Desde el partido socialista, esta desigualdad ambiental no puede ser aceptada como un daño colateral inevitable. Al contrario, debe ser abordada desde políticas públicas que sitúen a las personas en el centro. En este sentido, la educación ambiental es una política estructural, porque permite comprender las causas profundas de los problemas ambientales y su relación directa con el modelo económico, la ordenación del territorio y las decisiones políticas. Educar ambientalmente es dotar a la ciudadanía de conciencia crítica para entender que la degradación ambiental y la desigualdad social avanzan juntas.

Digámoslo claro, la provincia de Málaga necesita educación ambiental porque necesita reorientar su modelo de desarrollo. Durante décadas, el crecimiento económico se ha sustentado en una fuerte artificialización del territorio, una presión creciente sobre los recursos hídricos y una especialización productiva altamente vulnerable al cambio climático. Este modelo ha generado riqueza, pero también desequilibrios territoriales, precariedad laboral y una pérdida progresiva de patrimonio natural y agrario. Dicho de otra forma, ha generado también pobreza en algunos colectivos desfavorecidos. La educación ambiental permite explicar que la sostenibilidad no es un freno al progreso, sino la única garantía de futuro para las generaciones presentes y futuras.

Desde el partido socialista se debe entender la educación ambiental como un derecho colectivo, no como una responsabilidad individual aislada. No se trata solo de cambiar hábitos personales, sino de generar una ciudadanía informada y organizada, capaz de exigir políticas públicas justas: una gestión del agua equitativa, una planificación territorial responsable, una transición energética que no deje a nadie atrás y un modelo agrario compatible con los límites ecológicos del territorio. Celebrar el Día Mundial de la Educación Ambiental en la provincia de Málaga es reafirmar este compromiso con la acción colectiva y la corresponsabilidad institucional.

Además, la educación ambiental es una herramienta fundamental de cohesión territorial. En una provincia marcada por fuertes contrastes entre la costa y el interior, entre áreas urbanas y rurales, educar en valores ambientales comunes contribuye a reforzar la solidaridad entre territorios. Ayuda a comprender que el agua que se consume en las ciudades depende del equilibrio de las cuencas hidrográficas del interior, que la conservación de los montes es una garantía frente a inundaciones e incendios, y que la agricultura sostenible es una pieza clave para el mantenimiento del paisaje, el empleo y la identidad cultural.

La dimensión social de la educación ambiental es igualmente central. La crisis climática tiene impactos directos sobre la salud, el empleo y la calidad de vida, especialmente entre los colectivos más vulnerables: personas mayores, infancia, trabajadores precarios del sector primario o familias con dificultades para acceder a una vivienda digna y energéticamente eficiente. Desde el partido socialista, hemos de defender la educación ambiental como el derecho a vivir en un entorno sano, seguro y equitativo, independientemente del código postal o del nivel de renta.

La provincia de Málaga cuenta, además, con un enorme potencial para desarrollar una educación ambiental transformadora: centros educativos comprometidos, una universidad pública con potentes institutos y grupos de investigación, asociaciones vecinales, colectivos ecologistas y entidades del mundo rural que ya trabajan en la defensa del territorio. Apostar institucionalmente por el Día Mundial de la Educación Ambiental significa reconocer, articular y fortalecer esta red social, convirtiéndola en un pilar de las políticas públicas provinciales y municipales.

Desde una mirada socialista, este día debe servir también para lanzar un mensaje político claro: no hay transición ecológica sin justicia social. No es posible pedir sacrificios a la ciudadanía si no se garantizan alternativas justas, empleo digno y servicios públicos fuertes. La educación ambiental debe empoderar a la población para participar en la toma de decisiones, cuestionar modelos insostenibles y construir colectivamente soluciones adaptadas a cada comarca y municipio.

Por todo ello, la provincia de Málaga tiene que apostar decididamente por el Día Mundial de la Educación Ambiental como un acto de responsabilidad política y compromiso ético. Porque educar ambientalmente es educar para la igualdad, para la solidaridad entre territorios y para la defensa de los bienes comunes. Y porque, desde el partido socialista, sabemos que proteger el medio ambiente es proteger a las personas, hoy y mañana.